El monocultivo de agave y el derecho humano a un medio ambiente sano: una travesía entre la prosperidad económica y la vulneración de dignidades

El presente artículo analiza el monocultivo intensivo de agave en Jalisco, México, como un caso paradigmático de extractivismo agrario que vulnera de manera estructural el derecho humano a un medio ambiente sano. Mediante la aplicación del método de desempaque de derechos humanos, se desagregan los subderechos implicados (agua, salud, alimentación, cultura, biodiversidad, participación) y las obligaciones estatales de respetar, proteger, garantizar y promover, mostrando cómo la expansión agavera —que creció alrededor de 167% entre 2014 y 2023— se traduce en degradación ecológica severa, contaminación por vinazas (del orden de 4 a 5 mil millones de litros anuales), estrés hídrico, erosión de suelos, pérdida de biodiversidad y precarización laboral. Se articulan teorías contemporáneas de derechos humanos (enfoque de capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum; concepción de Jack Donnelly sobre derechos como reclamos éticos universalizables), el método de desempaque desarrollado por organismos de derechos humanos, y marcos de desarrollo sostenible y economía ecológica. Se integra, además, el marco jurídico nacional e internacional como son, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Opinión Consultiva OC‑23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la resolución 76/300 de la Asamblea General de la ONU sobre el derecho a un ambiente sano, y el Acuerdo de Escazú sobre participación y justicia ambiental. Se evidencia que el modelo agavero, lejos de ser un ejemplo de “desarrollo rural”, reproduce patrones globales de extractivismo agrario (análogos a la soja en Argentina o la palma africana en Colombia), genera injusticias distributivas y de representación, y resulta insostenible ecológica y socialmente. A partir de este diagnóstico, se proponen transformaciones normativas e institucionales orientadas a: integrar criterios ambientales y sociales vinculantes a la regulación del tequila, reforzar la evaluación de impacto ambiental agrícola, proteger zonas de recarga hídrica y ecosistemas frágiles, avanzar hacia la prohibición progresiva del glifosato, garantizar trabajo digno, fortalecer la agroecología y la diversificación productiva, y democratizar la gobernanza territorial en línea con los principios de Ostrom y el Acuerdo de Escazú. El trabajo concluye que la viabilidad futura de la industria tequilera depende de su capacidad para transitar de un modelo extractivo a uno verdaderamente sustentable y respetuoso de los derechos humanos.